El Sindicato Libre de Farmacéuticos se ha visto forzado a impugnar judicialmente el Convenio de Colaboración entre la Conselleria de Sanidad y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de la Comunidad Valenciana de 22-02-2017, por el que se les obliga a las Oficinas de Farmacia a no cobrar las aportaciones a los menores de edad contrariamente a lo dispuesto en la Ley del Uso Racional de los Medicamentos.

 

La Conselleria de Sanidad sabe perfectamente que el farmacéutico incurre en infracción administrativa si no cobra la aportación en el momento de la dispensación de las recetas, y a pesar de ello, en lugar de buscar otra vía para materializar la subvención, le impone la obligación de no cobrarla.

 

Esta asociación profesional nada tiene que decir en cuanto a la subvención, cuestión que atañe a la política del Gobierno valenciano, pero sí respecto a su modo de ejecución, porque condena al farmacéutico a la vulneración sistemática de la ley.

 

José Antonio Puchades Montoliú

Presidente del SLF-CV